también El Deber se ha referido a la actitud grosera e iracunda con que Sacha y Rojas han respondido al pronunciamiento de la Iglesia. réplica torpe

El Gobierno nacional ha reaccionado con actitud grosera e iracunda a un pronunciamiento de la Iglesia católica sobre la falta de un diálogo político en el país y sobre la violación de libertades elementales.
Las respuestas del ministro Sacha Llorenti y del senador Eugenio Rojas no fueron, ciertamente, bien meditadas, porque lo único que han hecho es confirmar que, como había dicho la Iglesia, el Gobierno carece de aptitudes para el diálogo.
Con un poco de inteligencia, los funcionarios gubernamentales podían haber convocado a los obispos a un diálogo serio y civilizado, lo cual hubiera sido una suficiente respuesta.
El Gobierno podía haber dado, también, otro tipo de respuesta, con igual propósito. Ya que se trataba de dar una réplica rechazando lo que había dicho la Iglesia, el Gobierno hubiera podido dar las pruebas de que tiene la aptitud y el propósito del diálogo. Para ello hubiera hecho falta una enumeración de las iniciativas de diálogo que hubiera tenido el Órgano Ejecutivo, como prueba de que la acusación de la Iglesia no tiene argumentos.
En cambio, lo que hizo Llorenti fue insultar con una larga lista de adjetivos. Aparte de ser grosera, la respuesta del Gobierno es un error, porque da la razón a la Iglesia y muestra una faceta negativa de la actual administración.
Lo que la Iglesia dijo fue que no hay diálogo y que las libertades elementales están en proceso de eliminación por parte del Gobierno.
Había que responder a esas dos afirmaciones, no insultar. Había que argumentar, no gritar.
Este episodio viene a perjudicar la imagen del país cuando el encandilamiento internacional por el actual Gobierno ha comenzado a debilitarse.
Se ha mencionado en estas páginas el hecho de que ningún gobierno del país había sido acusado ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por los pueblos originarios y los periodistas bolivianos en el curso de pocos días.
Esas acusaciones han abierto los ojos de muchos extranjeros sobre lo que realmente está ocurriendo en Bolivia. Se ha mostrado que quienes manejan este “proceso de cambio” están cometiendo errores tan graves como dañar los derechos de los pueblos originarios y violar la libertad de expresión.
Lo que podría lograr esta torpe respuesta del Gobierno a la Iglesia católica es que la comunidad internacional se percate de que hay otros errores graves que comete el actual Gobierno, además de los aludidos por los obispos. Un prefecto preso desde hace más de dos años, alcaldes destituidos con todo tipo de pretextos, el control de la justicia, persecuciones políticas enmascaradas, además de un mal manejo de la economía, la destrucción de los bosques, el incremento de los cocales, el poder creciente del narcotráfico y la sensación de disolución que crece en el país, están en esa lista.
Las críticas de la Iglesia merecían una respuesta seria, porque reflejan la preocupación de los bolivianos. Decir que se trata solamente de la “jerarquía” episcopal es tan grosero como asegurar que la protesta del periodismo refleja solamente la posición de los empresarios.
Los temas que preocupan a los bolivianos merecen un tratamiento serio de parte del Gobierno.