La Diócesis de la ciudad de El Alto demandó ayer de las autoridades locales y nacionales protección para sus templos y resarcimiento moral y material por la demolición de la capilla de Villa Ingenio. Pero las autoridades municipales de la urbe alteña ratificaron su derecho propietario sobre esos predios y se aprestan a construir una posta de salud en el terreno antes ocupado por la capilla.
El lunes, la Junta de Vecinos de Villa Ingenio obligó al párroco de la capilla del Señor de la Cruz, Hilarión Pérez, a suscribir un convenio de entendimiento por el que aceptaba la demolición de una parte de la infraestructura de la iglesia. Él declaró haber accedido al pedido para resguardar la seguridad de los jóvenes y niños que estaban en el lugar, pero aseguró que en ningún momento fue notificado y menos con 24 horas de anticipación, como dice la norma. En un comunicado público difundido ayer, el obispo de la Diócesis de El Alto, monseñor Jesús Juárez, exigió a las autoridades garantías y protección para las obras de la Iglesia Católica, las que, según él, prestan un servicio social y evangelizador al pueblo.
En la misma nota dijo que se inició un diálogo con las autoridades municipales de El Alto para encontrar vías adecuadas orientadas, entre otros aspectos, al resarcimiento material del daño ocasionado. La directora de Bienes Inmuebles de la comuna alteña, Daniela Valdivieso, confirmó el inicio de las conversaciones a partir del lunes 11, pero aclaró que en esa oportunidad no se hablará sobre el derecho propietario, y menos sobre ningún resarcimiento. Lo que se hará —dijo— es dar a conocer a la Iglesia el proyecto de construcción de la posta de salud.
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