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viernes, 1 de octubre de 2010

Es necesario luchar contra discriminación y garantizar la pluralidad, libertad de expresión y pensamiento a propósito de las críticas de Evo. según LT

El análisis que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) ha realizado sobre el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación aprobado en Diputados no ha sido bien recibido por las autoridades de gobierno. Es más, el presidente del Estado ha señalado que los obispos no deberían meterse con el Estado de la misma manera que cuando él se refirió a temas internos de la Iglesia le dijeron que no se meta con ellos.

Sin embargo, el mandatario olvidó que lo que hizo la Iglesia –que tiene el derecho de pronunciarse sobre lo que sus autoridades consideran pertinente– es responder a una invitación del propio Gobierno y la Asamblea Legislativa para emitir criterios sobre este proyecto de ley, dado el rechazo que han provocado algunas disposiciones que al margen del espíritu de la norma permiten que se pueda restringir la libertad de opinión y expresión.

La Iglesia sostiene que si bien es necesario luchar contra actitudes discriminatorias, es importante “garantizar que cualquier legislación al respecto sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación de valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales. Lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático”.

Agrega que con el proyecto se corre “el riesgo de judicializar la opinión pública”, que es por definición libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad y cuya función es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente con relación al poder constituido y que tal como está redactado, el proyecto “entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales”.

Lamentablemente, la reacción del Gobierno y el MAS no ha sido la de responder las dudas de la Iglesia, sino la de atacarla en forma por demás impertinente, intentando restarle autoridad para pronunciarse o acusándola de ser ella misma discriminadora.

Sin embargo, legalmente la Iglesia puede y debe expresarse sobre los diferentes temas que afectan a la sana convivencia social.

Tiene la capacidad jurídica para hacerlo, y mientras sus normas no afecten el ordenamiento constitucional y jurídico, tiene todo el derecho de reglamentar su funcionamiento. La diferencia, que cuando estaban en el llano las autoridades conocían, es que el Estado representa a todos los habitantes y estantes de Bolivia; en cambio, la Iglesia lo hace a su feligresía; que ésta esté conformada por la mayoría de los bolivianos –hombres y mujeres– y que su voz sea influyente es otra cosa.

Por tanto, a un aporte razonado de la Iglesia, las autoridades más bien deberían responder o aceptando sus sugerencias o rebatiéndolas con argumentos, no con descalificaciones que sólo demuestran, ni más ni menos, que hay intenciones veladas detrás del proyecto de ley que se comenta.

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