Al cabo de una semana de reflexión, el Vaticano lanzó ayer su más dura condena de la represión religiosa en China como respuesta a la Asamblea de la Iglesia Patriótica utilizada por el Gobierno de Pekín para poner un obispo ilegítimo al frente de la conferencia episcopal y un obispo legítimo pero cobarde al frente de la Asamblea Patriótica que el partido comunista utiliza para controlar la Iglesia. El uso de la fuerza para llevar a los obispos a la Asamblea celebrada del 7 al 9 de diciembre en Pekín ha sido «un acto inaceptable y hostil». El Vaticano no puede permitir que el gobierno comunista nombre a su capricho los cargos de la Iglesia católica en China.
Benedicto XVI sabe que el durísimo comunicado hecho público ayer puede significar a corto plazo mayor represión, pero tampoco podía seguir callando ante la embestida del gobierno chino contra la organización de la Iglesia católica, poniendo fin a un período en el que la coexistencia parecía posible.
El Vaticano denunció la «represiva actitud» del gobierno chino, que llevó por la fuerza a todos los obispos católicos a Pekín la semana pasada, obligándoles a participar en la Octava Asamblea de Representantes Católicos de China, a la que la Santa Sede les había prohibido asistir. El gobierno responsabilizó de la participación a las autoridades políticas provinciales, que utilizaron a la Policía para recoger en sus domicilios a los obispos y sacerdotes convocados, indoctrinarles durante algunos días y llevarles en grupo a la capital.
En total participaron en la Asamblea más de 300 representantes católicos y un centenar de funcionarios de los organismos del partidos y del Estado encargados de controlar la actividad religiosa. Entre ellos figuraban 64 obispos y 162 sacerdotes.
El comunicado de la Santa Sede califica de «grave violación de sus derechos humanos» el haberles forzado a asistir, al tiempo que rinde homenaje a quienes se resisten a estos abusos. Hasta ahora el Vaticano intentaba mantener una actitud neutral entre la Iglesia «clandestina» —plenamente leal a Roma— y la Iglesia «patriótica» —dócil al gobierno— para facilitar la reconciliación entre ambas. Pero la intromisión política de la semana pasada ha sido demasiado grave, y es necesario reconocer el heroísmo de quienes se oponen a los abusos.
El Vaticano recuerda que «en varias ocasiones había hecho saber, en primer lugar a los obispos pero también a los fieles y al público» que no debían participar en la asamblea-farsa convocada por el gobierno, por lo que quienes han cedido deben considerar su «responsabilidad ante Dios y la Iglesia», teniendo en cuenta el grado de presión a que hayan sido sometidos.
Desafío abierto
La Santa Sede se dirige también a los fieles «cuyos corazones están llenos de consternación y sufrimiento» para pedirles que se mantengan «firmes y pacientes en la fe», y continúen apoyando a sus pastores «ante las imposiciones injustas en el ejercicio de su ministerio».
El Vaticano declara que no reconoce a la conferencia episcopal china creada por el gobierno ya que no incluye a los obispos «clandestinos» unidos al Papa mientras que sí incluye a varios obispos nombrados por Pekín sin permiso de Benedicto XVI. El caso más reciente ha sido la consagración de un obispo «patriótico» en Chengde el pasado 20 de noviembre, Joseph Guo Jincai, a pesar de que Roma había declarado de antemano su ilegitimidad por no contar con el permiso del Papa.
En su comunicado de ayer el Vaticano califica de «profundamente deplorable que un obispo ilegítimo haya sido nombrado presidente» de esa conferencia episcopal títere. Por otra parte, advierte que sus estatutos, dictados por el gobierno, «son incompatibles con la doctrina católica» pues insisten en la independencia, la autonomía y la autogestión, es decir, la separación del resto de la Iglesia.
En tono duro, el Vaticano afirma que la actuación de Pekín «es un signo de temor y de debilidad», que manifiesta «intolerancia intransigente en lugar de apertura a la libertad». De modo provocativo, lamenta que «una nación grande y noble no consiga dar espacio a «las demandas de genuina libertad religiosa a pesar del hecho de que su Constitución proclama el respeto a esas libertades».
Una intención universal La nota advierte que tanto la asamblea forzada como las consagraciones episcopales sin permiso del Papa «han dañado unilateralmente el diálogo y el clima de confianza» que se estaba creando entre Roma y la República Popular. Y concluye pidiendo a los católicos del mundo entero que recen «por la Iglesia de China en este momento particularmente difícil».
La represión religiosa en el gran país asiático es una de las principales preocupaciones de Benedicto XVI, quien dirigió en 2007 una extensa «Carta a la Iglesia en China» en la que invitaba a la Iglesia «clandestina» a salir a la luz en todas las provincias en que las autoridades permitiesen un mínimo de existencia legal, y también a reconciliarse con la Iglesia «patriótica» que consideran colaboracionista y desleal a Roma.
Paradójicamente, la línea represiva adoptada por el gobierno ha puesto a muchos obispos «patrióticos» en una situación de víctimas similar a los de la Iglesia clandestina. Durante la asamblea-farsa de Pekín, el voto de los obispos que se abstuvieron fue considerado a favor, de modo que las decisiones y los nombramientos se llevaron a cabo por la unanimidad típica de las dictaduras.
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