La perplejidad de la Iglesia católica no hace sino confirmar la nuestra, la que está cundiendo en muchos ámbitos del país. Es la perplejidad que causa la corrupción gubernamental desmedida, la falta de honestidad para administrar la justicia y los bienes del Estado, que, según se ha expresado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Boliviana realizada en Cochabamba, hace que las esperanzas del pueblo en tiempos mejores “se vayan desmoronando poco a poco”.
Casos como el del director de la Felcn, René Sanabria, o del alto funcionario de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, Fabricio Ormachea, tanto como el del exfiscal del caso terrorismo I Marcelo Soza, no se pueden disimular y menos ignorar. A lo anterior se suma la compleja y enorme red de extorsión de fiscales y asesores del Ministerio de Gobierno que surgió en el publicitado caso del estadounidense Jacob Ostreicher, y, por si fuera poco, en los últimos días sale a luz un contrato de servicios con una empresa estatal que favorece a un familiar del vicepresidente del Estado Plurinacional.
El Gobierno actual no puede decir que la Iglesia se parcialice con la oposición en esta materia. Esto no es de hoy, data de hace años, casi desde que se instaló la actual administración. Lo que sucede es que el abuso de poder se está incrementando a niveles insospechados. Afirmar que la Iglesia toma partido, como se está afirmando, es desconocer cuál ha sido el papel del clero a lo largo de muchos años de historia. La Iglesia ha hecho denuncias y ha tenido mártires en épocas de dictaduras militares, como ha denunciado vigorosamente abusos en tiempos de democracia, cuando campeó la violencia. De lo anterior son testigos y beneficiarios quienes en estos momentos conducen los destinos del país.
La preocupación eclesial no se refiere solo a la corrupción material, a la que se puede cuantificar como es la extorsión o el negociado, sino que alcanza a la conducta espiritual de los individuos. Se refiere al comportamiento que el Gobierno debe observar en tiempos previos a una cita electoral, cuando en la población existen justificados temores de que la descomposición reinante afecte los pilares del sistema democrático.
Hay que tener confianza, una vez más, en que la voz de la Iglesia católica pueda ser escuchada, tomada en cuenta, porque con toda seguridad de que eso será beneficioso para que los bolivianos podamos convivir en armonía y en paz, lejos de las desconfianzas que hoy nos agobian.
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