En esta carrera que lleva adelante el Estado Plurinacional de Bolivia por controlar todos los resquicios de la vida del ciudadano, desde la economía y la política, pasando por la cultura y las relaciones interpersonales, se pueden cometer muchos abusos. El riesgo es que se llegue a una situación de despotismo, una suerte de sumisión del pueblo ante el poder absoluto de sus autoridades, cuyo objetivo es prácticamente castrar el ejercicio de la ciudadanía y someterlo todo a los designios de una casta de líderes que no hacen más que apuntalar el caudillismo patológico que nos gobierna desde el nacimiento de la nación.
Y pese a que existen leyes destinadas a proteger los derechos las libertades del individuo y sus instituciones civiles, el régimen autoritario suele pasar por encima de ellas, buscando establecer el poder como un fin en sí mismo.
El ciudadano no debe claudicar en su esfuerzo por someter al Estado y conducirlo hacia el bien común, ponerlo al servicio de los intereses de la población y demandarle un ejercicio controlado y equilibrado de la autoridad, no solo en el tiempo y sino también en sus atribuciones.
En ese sentido, resulta muy clarificador que instituciones como la Iglesia católica ayuden a comprender cuáles son los límites legales de un estado en su relación con una institución que en este momento se encuentra acosada y hostilizada por el poder político, pese a que existe una larga trayectoria de servicio a la comunidad amparada en convenios y normativas que deben respetarse.
El abogado Tito Antonio López, un especialista el Derecho Eclesiástico, acaba de publicar un libro en el que realiza un compendio de todas las leyes que de alguna manera reglamentan las actividades de la Iglesia, ya sea en el campo de la educación, la salud, la atención a grupos de desamparados y por supuesto, el ejercicio mismo del culto católico que goza de la misma libertad que cualquier otra agrupación religiosa.
En ningún momento se defiende un privilegio, como no lo hace ningún sector formal y legal de la sociedad, tampoco se reclama ningún estatus especial y en todo caso se aplaude y se promueve la división entre Estado e Iglesia que muy sabiamente fue incluida en la Constitución Política del Estado.
Sin embargo y tal como debe ocurrir en todos los ámbitos de la vida comunitaria, el Estado, como principal garante del Estado de Derecho, debe ser el primero en respetar la capacidad jurídica, el derecho y las garantías que goza, en este caso la Iglesia para ejercer sus actividades. No hay que olvidar además, que la entidad religiosa está compuesta por ciudadanos de pleno de derecho que tienen vigentes todas sus prerrogativas y las pueden ejercer sin que se interpongan restricciones abusivas de ningún tipo.
En estos momentos en los que hay un grupo de gobernantes que quiere monopolizarlo todo, controlar la justicia y manipularla a su antojo, conviene que tomemos nota de esta iniciativa, sobre todos quienes ejercen actividades edificantes como la Iglesia, los que producen y que contribuyen al bienestar de la sociedad, que curiosamente está hoy mal visto por un régimen que impulsa actividades no siempre enmarcadas en la ética y la justicia. Los ciudadanos estamos primero que el Estado, somos la razón de ser de las instituciones gobernantes y no al revés.
En ningún momento se defiende un privilegio, como no lo hace ningún sector formal y legal de la sociedad, tampoco se reclama ningún estatus especial y en todo caso se aplaude y se promueve la división entre Estado e Iglesia que muy sabiamente fue incluida en la Constitución Política del Estado.
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