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martes, 18 de septiembre de 2012

los pastores de la Iglesia Católica piden amnistía para presos, exiliados y refugiados y crear un clima de paz y reconciliación en el escrito Caridad y Verdad


 El Consejo Episcopal Permanente de la Iglesia Católica pidió al gobierno del presidente Evo Morales  amnistía o indulto para presos, exiliados y refugiados políticos bolivianos, con el objetivo de crear un clima de paz y reconciliación.
La solicitud se encuentra incluida en el documento Caridad y Verdad, entregada este lunes a la opinión pública en la Conferencia Episcopal Boliviana.
La propuesta aún no tuvo respuesta oficial, sin embargo se suma a los pedidos de familiares y otras entidades defensoras de derechos humanos, además de partidos políticos de oposición.
“Muchas otras personas, encarcelados, exilados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por la retardación de justicia. Es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos”, destaca el texto leído por monseñor Oscar Aparicio.
El texto agrega: “Nos permitimos también sugerir, en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos”.  
Organizaciones de derechos humanos recordaron a ERBOL que los pedidos de liberación de presos y perseguidos políticos “antes sólo se dieron en gobiernos dictatoriales y más no en democracia”.
En 1978, el septenio de Hugo Banzer Suárez, un grupo de mujeres mineras encabezadas por la extinta Domitila de Chungara, participaron de una huelga de hambre, para exigir cese la represión y la liberación de presos políticos.
Durante la dictadura de Luis García Meza, grupos de activistas de derechos humanos plantearon cese la represión y la intimidación.
Pensamiento disconforme
El documento de la Iglesia recuerda que en marzo de 2011 –a través de la Carta Pastoral- ya había advertido hechos que ponían en riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad.
 “Una mirada a fondo a nuestro país muestra que, en la práctica, no sólo algunas personas sienten que van perdiendo libertades, sino que éstas se recortan en muchos casos mediante la retardación de justicia, la intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial, creando un clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria, al no encontrar suficientes garantías de un juicio justo e imparcial dentro de ella ...”, dice el texto.
La curia sustenta su pedido en el sentido que “muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido”.
El caso del senador de Convergencia Nacional, Roger Pinto, asilado  político por el gobierno de Brasil, reabrió en las últimas semanas el debate sobre una supuesta persecución política en el país. Representantes del oficialista Movimiento Al Socialismo dijeron que el parlamentario “no es un perseguido”, pero sí tiene cuentas pendientes con la justicia.
“Un ejemplo de esta situación general es la demanda judicial que autoridades gubernamentales han instalado en contra de tres medios de comunicación. Nosotros, junto a numerosas voces de la sociedad civil, reafirmamos nuestro rechazo a esta medida y pedimos que se actúe de acuerdo a la vigente Ley de Imprenta”, sostiene.
Finalmente agrega: “Continuar con esa instrumentalización de la justicia resquebraja seriamente las bases democráticas de nuestra convivencia que tanto esfuerzo han costado a muchas personas e instituciones y además proyecta una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en nuestro país”.
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483964050

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