El Gobierno frente a la Iglesia
Si la Iglesia se repliega a la sacristía o si se convierte en un partido político estaría traicionando su misión, que es iluminar desde la fe a la gente. Esta ha sido la respuesta del obispo Jesús Juárez al pedido del Gobierno de que algunos sacerdotes dejen la sotana y hagan actividad partidaria, en un nuevo episodio de tensiones entre la cúpula de la institución católica y el presidente Evo Morales. El origen de la reciente confrontación han sido sucesivos pronunciamientos de la Conferencia Episcopal de Bolivia que exhortan a respetar los resultados del referéndum del 21-F y a defender la Constitución Política del Estado, lo que provocó el enojo de Evo Morales y de algunos personajes del oficialismo empeñados en conseguir una nueva reelección.
El primer mandatario considera que el mensaje de los líderes católicos contiene una posición racista y discriminatoria de solo algunos sacerdotes que no aceptan la presidencia de un indígena. Lo cierto es que estamos en un nuevo escenario de tensión del Gobierno con la Iglesia, que ha sido más o menos constante y que se explica por el poder de la palabra de la institución católica, ya que hay una importante cifra de creyentes en Bolivia. Si la Iglesia no tuviera credibilidad, seguro que el Gobierno habría optado por ignorarla, lo que no ha ocurrido en toda esta gestión, lo mismo que con los medios de comunicación.
El presidente en persona ha criticado en distintos momentos el rol de la jerarquía católica y del periodismo independiente, a sabiendas de que son aún las dos instituciones con mayor confianza en Bolivia, según las diversas encuestas, y que se constituyen en un contrapeso del poder que rechaza las críticas o que le señalen sus límites. En diversas circunstancias de los últimos años, el Gobierno incluso ha tomado algunas medidas para neutralizar la influencia de la Iglesia católica, pero finalmente ha prosperado más el arraigo de esta entidad en la sociedad boliviana.
Si bien el presidente consiguió un acercamiento y un punto de inflexión con la histórica visita del papa Francisco, este nuevo episodio de confrontación desnuda la incomodidad que siente con la palabra crítica y valiente de los líderes religiosos, que, como otras instituciones confiables, se ha pronunciado vehementemente a favor del respeto al voto. De ninguna manera se puede concluir que un pedido de cumplimiento de la Constitución sea hacer política partidaria y, menos aún, un acto de racismo. Cabe recordar, en este nuevo episodio, el rol vital que tuvo la Iglesia en la defensa de los derechos humanos en distintos gobiernos y su valiosa acción para recuperar la democracia.
El primer mandatario considera que el mensaje de los líderes católicos contiene una posición racista y discriminatoria de solo algunos sacerdotes que no aceptan la presidencia de un indígena. Lo cierto es que estamos en un nuevo escenario de tensión del Gobierno con la Iglesia, que ha sido más o menos constante y que se explica por el poder de la palabra de la institución católica, ya que hay una importante cifra de creyentes en Bolivia. Si la Iglesia no tuviera credibilidad, seguro que el Gobierno habría optado por ignorarla, lo que no ha ocurrido en toda esta gestión, lo mismo que con los medios de comunicación.
El presidente en persona ha criticado en distintos momentos el rol de la jerarquía católica y del periodismo independiente, a sabiendas de que son aún las dos instituciones con mayor confianza en Bolivia, según las diversas encuestas, y que se constituyen en un contrapeso del poder que rechaza las críticas o que le señalen sus límites. En diversas circunstancias de los últimos años, el Gobierno incluso ha tomado algunas medidas para neutralizar la influencia de la Iglesia católica, pero finalmente ha prosperado más el arraigo de esta entidad en la sociedad boliviana.
Si bien el presidente consiguió un acercamiento y un punto de inflexión con la histórica visita del papa Francisco, este nuevo episodio de confrontación desnuda la incomodidad que siente con la palabra crítica y valiente de los líderes religiosos, que, como otras instituciones confiables, se ha pronunciado vehementemente a favor del respeto al voto. De ninguna manera se puede concluir que un pedido de cumplimiento de la Constitución sea hacer política partidaria y, menos aún, un acto de racismo. Cabe recordar, en este nuevo episodio, el rol vital que tuvo la Iglesia en la defensa de los derechos humanos en distintos gobiernos y su valiosa acción para recuperar la democracia.
