El ilegal allanamiento a la tradicional iglesia de San Francisco de La Paz por parte de efectivos de la Policía para agredir y detener a personas que ahí se refugiaron ante la arremetida represiva por bloquear la ruta de ingreso de los vehículos que compiten en el Dakar merece un radical y generalizado repudio.
No sólo que, como señala la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), se trata de invadir “instalaciones de un lugar sagrado y protegido como patrimonio cultural religioso”, sino porque constituye una muestra de cómo cobran fuerza los sectores autoritarios dentro del Gobierno y el MAS al punto que se rompe el reconocimiento de que “a lo largo de la historia, antigua y reciente, la Iglesia ha sido un lugar de acogida y protección para todos aquellos que se sentían perseguidos, y esto sin importar la posición política o social de las personas”.
Con esos argumentos y recordando que “se alzan voces de bastantes colectivos ciudadanos e instituciones bolivianas” contra la sentencia constitucional que habilita al Primer Mandatario a postular inconstitucionalmente una vez más a la presidencia y la promulgación del Código del Sistema Penal, porque “consideran un serio retroceso de las libertades democráticas en el país”, la CEB vuelve a exhortar a las autoridades de Gobierno a “escuchar estas voces con respeto y actuar con racionalidad, así como no responder a esos masivos pedidos, con la fuerza, que nunca resuelve nada, ni minimizar las manifestaciones ciudadanas” y entender “que son servidores del Pueblo”. Además, piden a los colectivos ciudadanos expresar sus protestas “en forma pacífica y respetuosa, con la confianza de que la verdad acabará triunfando”.
Este nuevo documento de la CEB fue, además, emitido antes de que se reconfirme e, impresionante y contundente paro cívico de Santa Cruz de la Sierra, que cierra, esta semana jornadas de creciente de rechazo a la actitud insensible de las autoridades de no adoptar medidas conducentes a facilitar la paz social de manera democrática.
En este sentido, deberían recuperar la sensatez y la sabiduría de escuchar las demandas de la gente y subordinando sus propios y sectarios intereses, respetar plenamente la Constitución Política del Estado, lo que significa desestimar la cantinflesca sentencia constitucional mencionada y convocar a una debate plural y amplio sobre el Sistema del Código Penal (que muestra inconsistencias sólo explicables por la vocación autoritaria de algunos de sus ideólogos).
Pretender seguir imponiendo sus voluntades sólo profundizará el descontento y la desconfianza de la gente.
