Continuamente escuchamos la perorata de que Bolivia ya no es un país mendigo. El ministro de Economía, Luis Arce, tuvo que desmentir aquello de que andamos prestando plata en el vecindario, porque no iba a faltar quién se lo tome en serio y como la soberbia es grande, a lo mejor “le metíamos nomás”. Le regalamos dinero a la ONU y les donamos arroz a los cubanos. O sea que por ínfulas, andamos codeándonos en las grandes ligas, pero veamos cómo andamos en casa.
Los obispos de Bolivia le han pedido al gobierno que le ayude a pagar el doble aguinaldo de los trabajadores y sostener algunos de los miles de hogares, albergues, comedores y otras entidades sociales que administra la Iglesia Católica y la respuesta ha sido un disparate que seguramente alguien le mandó decir a un ministro, quien afirmó que en la Iglesia Católica se hacen los pobrecitos y les pidió que dejen de hacer gastos suntuarios. A lo mejor cree que los prelados se movilizan en aviones privados, que tienen helicópteros y que se están construyendo nuevos palacios para estar a la altura del “proceso de cambio”
Es malo pecar por impetuoso, pero es peor hacerlo por ignorancia. Y a lo mejor en el gobierno y en el resto de la sociedad ignoran cómo, quién y con qué fondos se atienden a los indigentes, a los enfermos, los leprosos, los enfermos de Sida, los niños huérfanos, los abandonados, los hambrientos, los drogadictos, las mujeres embarazadas y madres solteras que son rechazadas por sus familias, los alcohólicos, los ancianos, los chicos que padecen graves problemas de salud y que ni siquiera sus padres los quieren atender, etc, etc.
No estamos hablando de los colegios, escuelas de convenio, ni de los hospitales, institutos técnicos, universidades y muchas otras instituciones que están en manos de la Iglesia Católica y que si bien están atravesando graves problemas debido a la excesiva carga que este régimen les ha sumado a todas las empresas públicas y privadas, hacen lo posible para subsistir y cumplir con todas sus obligaciones.
Nos estamos refiriendo a muchas otras obras que maneja la Iglesia y que entran en la categoría de “Asistencia Social” y que son alrededor de 2.000 en todo el país. Son hogares, albergues, refugios, comedores, asilos, centros de acogida, etc, etc, que viven de la providencia, de la solidaridad de la gente, pero sobre todo, de la ayuda exterior que consiguen los párrocos, religiosos y voluntarios, en su mayoría extranjeros que tienen contactos con comunidades que conocen mejor que nosotros las necesidades de esos centros que hoy son motivo de polémica.
Para dar un ejemplo, solo en Santa Cruz hay 30 hogares de niños oficialmente en manos de la Iglesia y obviamente hay muchos otros que pertenecen a entidades civiles y a otras congregaciones. Existen otras 70 obras sociales diversas y en las cien entidades que existen, los curas y monjas deben proveer alimento, vestimenta, salud, educación y muchas otras necesidades y en un 85 por ciento lo hacen con recursos propios, mientras que el Tesoro General de la Nación aporta con el 15 por ciento, que se canaliza a través del pago de una ínfima cantidad de personal y el aporte de un “prediario” de 10 bolivianos por cada interno, dinero que resulta irrisorio para costear todos los requerimientos de cualquier ser humano.
Obviamente la carga del doble aguinaldo, los aumentos y otras responsabilidades ponen en riesgo estas obras. El pedido era una pizca de solidaridad de parte de un Gobierno que dice estar cosechando frutos a manos llenas.
En el gobierno y en el resto de la sociedad ignoran cómo, quién y con qué fondos se atienden a los indigentes, a los enfermos, los leprosos, los enfermos de Sida, los niños huérfanos, los abandonados, los hambrientos, los drogadictos, las mujeres embarazadas y madres solteras, los alcohólicos, los ancianos, los chicos que padecen graves problemas de salud, etc, etc.
